La reciente noticia publicada por Reuters el 15 de enero de 2026 sobre la puesta en marcha de un nuevo estudio por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) en relación con la radiación de los teléfonos móviles reabre un debate que, desde el punto de vista científico, parecía relativamente estabilizado. La iniciativa, impulsada en un contexto político específico, introduce matices relevantes, no tanto por la aparición de nuevas evidencias, sino por el cambio en el discurso institucional.
El estudio ha sido promovido bajo la dirección del secretario de salud Robert F. Kennedy Jr., quien en diversas ocasiones ha manifestado su preocupación por los posibles efectos adversos de la radiación electromagnética, incluyendo su hipotética relación con el cáncer o con alteraciones neurológicas. Este posicionamiento se enmarca en una estrategia más amplia de salud pública impulsada desde la actual administración, en la que también se han planteado medidas como la restricción del uso de teléfonos móviles en entornos escolares. En este contexto, resulta particularmente significativo que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) haya retirado recientemente contenidos informativos en los que se afirmaba que los teléfonos móviles no representan un riesgo para la salud, un gesto que parece responder más a una redefinición del mensaje institucional que a un cambio sustancial en la base científica disponible.
En efecto, el consenso científico vigente apenas ha variado en los últimos años. Organismos como la U.S. Food and Drug Administration, los Centers for Disease Control and Prevention o el National Cancer Institute continúan sosteniendo que no existe evidencia concluyente que vincule el uso de teléfonos móviles con efectos adversos para la salud. Esta postura es coherente con evaluaciones internacionales previas, incluidas revisiones promovidas por la Organización Mundial de la Salud, que no han identificado incrementos significativos en la incidencia de cáncer asociados a la exposición a radiofrecuencias en condiciones habituales de uso.
Además, en relación al cáncer, cabe recordar que los resultados publicados en 2018 sobre los estudios en roedores expuestos a radiofrecuencias del National Toxicology Program (NTP) no han podido ser replicados. Estos estudios recogieron aumentos de gliomas malignos y de tumores raros (schwannomas cardíacos) en ratas macho a niveles de exposición muy elevados -tasa de absorción de energía específica (SAR) hasta 6 W/kg, siendo 4 W/kg el umbral en el que hay efectos-, usando protocolos de exposición muy intensivos (hasta 9 h/día). Estos hallazgos fueron interpretados como “pruebas claras” de carcinogenicidad, pero solo en ratas macho y bajo condiciones de laboratorio difíciles de trasladar al uso humano. Otro estudio del Instituto Ramazzini (Italia), también de 2018, confirmó parcialmente los resultados – sólo en lo relativo a schwannomas cardíacos en ratas macho-, pero a niveles mucho más bajos de exposición (SAR de 0.1 W/kg, sólo ligeramente superior a la restricción básica de cuerpo entero de 0.08 W/kg), a pesar de que el estudio de la NTP no había encontrado dichos resultados en exposiciones considerablemente más elevadas (SAR de 1.5 y 3 W/kg). Una investigación posterior, llevada a cabo para determinar si ese tipo de tumor detectado en dos laboratorios independientes, aunque de forma inconsistente, podría ser atribuible a las RF en condiciones controladas, ha arrojado nuevas conclusiones: no hay reproducibilidad robusta de los resultados tumorales del NTP. Así lo apuntan los resultados recientemente publicados de un estudio japonés y otro coreano, realizados con estricto control metodológico, en los que no han logrado reproducir los tumores observados en el estudio del NTP. Sus resultados convergen en descartar efectos carcinogénicos o genotóxicos bajo exposiciones prolongadas a las mismas frecuencias de radio 900 MHz CDMA y SAR de 4 W/kg, y apoyan la evaluación de la OMS de que no hay pruebas convincentes de carcinogenicidad por RF en condiciones realistas.
Por tanto, la relevancia de esta noticia no reside tanto en su contenido científico como en sus implicaciones regulatorias y comunicativas. La decisión de promover un nuevo estudio por parte del gobierno de EEUU puede interpretarse como una aplicación del principio de precaución en un escenario caracterizado por la exposición creciente de la población a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, especialmente en un contexto de rápida evolución tecnológica marcada por el despliegue de redes 5G y la proliferación de dispositivos conectados. Sin embargo, esta iniciativa también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre prudencia y rigor científico. Por un lado, existe el riesgo de que la modificación del discurso institucional, en ausencia de nuevas evidencias o conocimiento sólido, contribuya a generar una percepción de riesgo desproporcionada en la población. Por otro, la influencia de factores políticos en la definición de prioridades de investigación puede desdibujar los criterios científicos que tradicionalmente han guiado la evaluación de riesgos en este ámbito.
No obstante, la persistencia de áreas de incertidumbre, como los efectos de exposiciones crónicas de baja intensidad, el impacto en poblaciones vulnerables —particularmente la infantil— o las características específicas de las nuevas bandas de frecuencia utilizadas en tecnologías emergentes, hacen legítima una interpretación positiva de la iniciativa del HHS, al pretender establecer las bases científicas para evaluar los riesgos de las RF en un marco actualizado de exposición (5G, beamforming, modulaciones variables,…), siempre esperando que los estudios se desarrollen de acuerdo con estándares metodológicos rigurosos y se mantengan al margen de presiones externas.
Este escenario subraya de nuevo la importancia de mantener una comunicación clara, basada en la mejor evidencia disponible, y representa tanto un desafío —en términos de gestión de la percepción pública— como una oportunidad para reafirmar el papel central del rigor científico en la evaluación y comunicación de los riesgos asociados a la radiación no ionizante.
Arancha Sanchis Otero – Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III
